Está en la demanda social la necesidad que, después de palpar tanta impunidad, haya justicia. Claro que no se consiguen las cosas por deseo, generación espontánea o frotando una lámpara. La justicia es algo que también debe construirse.
No solo en quienes se oponen al gobierno anterior, nacional o provincial, está el sentimiento de querer ver “que alguien vaya preso”. Es un reclamo transversal. Y generalmente, la ausencia de justicia frente a casos flagrantes de corrupción, da argumentos para que crezca una masa política que arremete con la respuesta lógica: “La justicia no los metió presos; son inocentes” y, desde allí, se erige una alternativa diferente de convivencia en democracia y que se basa en la necesidad de contar con la justicia o sus jueces del lado propio para así no caer en prisión. El valor “honestidad” queda tergiversado y reemplazado vilmente por otro, picarón y oportunista, inmediato y poderoso: el poder por el poder mismo, para enriquecerse y tapar las huellas del delito rápidamente.
Lo que faltó
Por eso hay algo que faltó en estos primeros 100 días de gestión. Y si no se hizo puede ser por muchas causas: desinterés, ausencia de fuerza propia. La peor, sin embargo, es que haya temor a la posibilidad de quedar enredados en la misma telaraña tejida para retener a los que hicieron negocios a costa del país en el pasado reciente.Lo que faltó es un “Momento Cero”, la constitución de un equipo capaz de ser considerado impoluto, que determinara “el verdadero estado de la Nación”. Un grupo incuestionable de personalidades que diera los números reales del país, arribando a ello a través de métodos auditables y no por tironeo político o mediático.
Hoy, no hay nada en las oficinas públicas que permita ser una base sólida para el inicio de la gestión: se llevaron los discos rígidos o los vaciaron. No hay parámetros. Hay versiones, opiniones, rumores, simulaciones, prejuicios y pretensiones, pero muy poca información real.
Se lo reemplazó con un discurso de Mauricio Macri ante el Congreso de una hora, la mitad de la cual dio su propia impresión de lo que le habían heredado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero poco más que eso. Y con el solo peso de su palabra que, de inmediato, juega en una balanza con la de los acusados, sin más, sin resultados a la vista, sin recomienzo a la vista de todos.
Durante la campaña se habló mucho de la necesidad de avanzar en una “Conadep de la corrupción”. No pasó tampoco. Probablemente, atento que era una propuesta esgrimida por Julio Cobos, que finalmente no pudo conquistar la candidatura presidencial, nadie la retomó siquiera dentro del espacio del que es aliado.
La Conadep fue una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas creada por el primer gobierno de la democracia, con Raúl Alfonsín, y que buscó recopilar una lista de personas que estaban “desaparecidas” (ese horrible invento de la última dictadura) desde 1976 hasta 1983. Claro que el expresidente la creó cinco días después de asumir el mandato y sobre un terreno todavía copado por militares y sus cómplices.
El peronismo –que en parte fue víctima y en parte victimario durante ese periodo oscuro y trágico- no adhirió y por lo tanto no la integró. Había propuesto en la campaña un perdón general para todos los militares.
La integraron, sí, destacadas personalidades, tales como: Ernesto Sábato, Ricardo Colombres, René Favaloro (que luego renunciaría porque la comisión no estaba autorizada a investigar los crímenes del peronismo antes de 1976 desde la Triple A), Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Peneón, Alberto Mansur y Leopoldo Silgueira.
Abrieron oficinas en todo el país para recibir a familiares que querían denunciar la desaparición de sus hijos o parientes. Pero ocurrió que fue un primer gran paso, aunque no completo: en muchas provincias, como en Mendoza, se instalaron en las legislaturas y allí, en esas fechas, todavía había una dominación de sectores vinculados a la dictadura y, para ser sinceros, entre la desconfianza que había en la continuidad del proceso y la no adhesión del PJ, mucha gente tuvo miedo de ir a esas locaciones a dar su testimonio y, en definitiva, no lo dieron nunca o recién mucho después.
La cuestión es que aquella Conadep sirvió para trazar una raya entre épocas y activar a la justicia para llevar adelante un juicio histórico contra los crímenes de la dictadura.
¿Alguien piensa en la Argentina actual que lo mismo debería ocurrir con respecto a las prácticas corruptas que afectan al país?
No se hizo en estos primeros 100 días. ¿Podrá hacerse en adelante?
La Argentina ya consiguió demostrar que con coraje cívico podía poner en el banquillo de los acusados y en prisión -más allá de las claudicaciones posteriores- a los protagonistas de la gran tragedia criminal del Siglo XX. Gracias a ello fundó un sistema que excluyó esas prácticas para siempre.
¿Podrán excluirse de la praxis social, política y empresaria la corrupción como eje?
En primer lugar hay que ver qué porción de la Argentina está dispuesta a dejar de convivir con hechos de corrupción, con la “viveza criolla” mal entendida, con el ventajismo y el oportunismo que aplasta las posibilidades igualitarias de crecer y desarrollarse del resto. Si la suma, a la hora del balance, da 51% vs 49%, será imposible avanzar.La batalla cultural deberá darse por más tiempo. Por un "Nunca más" de la corrupción.
