El día viernes aparecieron declaraciones del presidente y de la
ministra de Energía y Minas en que aseguraban que el proyecto iba porque
ahora los proyectos ya no contaminan como antes y se ha iniciado una
mesa de desarrollo. Esto ante las declaraciones de un vocero de Southern
que dijo: “hace ocho años estamos tratando de desarrollar este
proyecto”. Declaraciones similares fueron hechas por la gobernadora de
Arequipa. Todos estos anuncios fueron hechos obviamente muy lejos de
Islay, donde un grupo de manifestantes habían organizado una huelga.
No vamos a mencionar qué dijo Ollanta Humala cuando era candidato,
pero sí qué hizo estos últimos cuatro años. Su conocimiento sobre la
minería, su impacto social y ambiental, lo aprendió leyendo todos los
comunicados de las ONG antimineras. Aun cuando salió en la TV afirmando
“Conga va” nunca la visitó, nunca ha visitado ninguna mina… me corrijo:
estuvo presente cuando concluyó el rescate de unos mineros artesanales
que habían quedado atrapados por un derrumbe (buscando emular a Piñera y
los ’33’).
Si realmente estuviera convencido de que no habrá contaminación y que
el uso de agua de mar es factible en Tía María debió haberse dado una
vuelta por la mina Cerro Lindo (Chincha), escuchar y conocer los
beneficios de esta tecnología.
Humala no sólo no ha querido escuchar a la ‘otra parte’ (las
empresas), tampoco nunca quiso escuchar los argumentos de los
funcionarios del Minem que era desacreditado permanentemente por el
ministro del Ambiente.
Inclusive la actual ministra del sector estuvo todo el año pasado
dirigiendo el Senace, la institución creada por Humala para revisar los
estudios ambientales, porque a su parecer los aprobados por el Minem no
gozaban de la confianza de la población… entonces ¿qué está defendiendo
ahora?, ¿a quién quiere convencer que el EIA aprobado está bien hecho?
No ha pasado una semana de que el Minam haya declarado que hay una
intención de limitar los recursos de la OEFA que “tiende a su
minimización, limitación e incluso desaparición”… sin mencionar que
pretenden recibir de las mineras 45 millones de dólares (anualmente),
dizque para fiscalizar. Desinforma Pulgar-Vidal (MPV), porque hace más
de veinte años se realizan fiscalizaciones a las mineras, que pagaban un
arancel. Sistemáticamente MPV hace declaraciones en el sentido de que
todo lo que se ha hecho está mal, y todo lo aprobado por el Minem es
sospechoso.
No sólo la fiscalización ambiental tendrá un presupuesto de US$45
millones (anualmente) sino también la seguridad minera (Osinergmin)
recibirá US$63 millones, de forma anual.
Si Humala cree que las mineras deben ser más supervisadas “para gozar
de la confianza de la población” debiera auditar la gestión de sus
supervisoras: Osinergmin y OEFA. Estas dos instituciones deberían no
sólo tener indicadores de gestión rigurosamente evaluados, sino también
ser transparentes con los gastos que realizan. No puede ser un
‘indicador’ el monto de las multas aplicadas, el número de eventos
organizados, o cuántos calendarios/agendas repartieron.
Son indicadores: relación de personal técnico a personal
administrativo. Este último no debería superar el 15%, incluidos los
abogados; alta dirección compuesta exclusivamente por técnicos de
reconocida trayectoria; número de profesionales con maestrías en el
extranjero; y lo más importante: si los resultados de su gestión valen
la pena, esto es, las minas tienen cada día mejores estándares de
seguridad y ambientales.
En resumen, la solución pasa primero en convencer a presidente, ministros, gobernadora y alcaldes… no a cinco mil agricultores
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