Opiniones sobre qué hacer con Tía María

Por Marita Chappuis
A Tajo Abierto

Leyendo lo que se está escribiendo en los medios se percibe el desconocimiento de lo que ocurre en el mundo rural por la gran mayoría limeña.

“Una vez más un proyecto minero ha convertido al Perú en escena de enfrentamientos sociales” (Ian Vásquez).  ¿Existe una paz y armonía envidiables, por ejemplo en las ex haciendas azucareras, que tienen administradores judiciales, o en Andahuasi?

“Establecer derechos de propiedad privada al subsuelo sería una reforma social de largo alcance, beneficiaría directamente a los campesinos propietarios, y reduciría la violencia social” (Enrique Ghersi).  Hace más de veinte años que se exige la autorización previa del propietario del terreno superficial para obtener la licencia ambiental para explorar o para explotar yacimientos mineros.

“Las empresas mineras deben otorgar acciones a los ciudadanos y miembros de la comunidad directamente afectadas por su negocio” (Ian Vásquez).  Nunca una comunidad lo ha planteado, porque en nuestro país la actual generación de agricultores es bastante escéptica en integrar cualquier tipo de asociación.  El recuerdo del desmanejo de las “cooperativas agrarias” todavía está presente. El Minagri ha promovido la asociatividad en los agricultores como una manera de mejorar sus rendimientos sin mayor resultado. Además, el balance de impactos de la minería es siempre positivo, por una mejor infraestructura construida por la minera.

“La superficie dedicada al arroz, un cultivo que insume ingentes cantidades de agua, aumentó en 25% entre 2004 y 2013, en los principales departamentos mineros  (Áncash, Cusco, Arequipa y Cajamarca)” (Iván Alonso).  El cultivo de arroz es por sumersión. Se cultiva en el mundo en regiones donde llueve más de 500-700 mm al año. Pero en el valle del Tambo, en la costa desértica, donde el río no trae agua entre octubre y diciembre, se siembra.

“Puede haber preocupaciones legítimas sobre el tratamiento de aguas residuales, sobre las emisiones de gases, sobre la disposición de relaves. Para eso justamente están los estudios de impacto ambiental” (Iván Alonso).  Corrección: para eso está la OEFA, que fiscaliza el desempeño ambiental.

El desmanejo de las cooperativas agrarias ahora se ha trasladado a las juntas de usuarios, que se encargan de administrar la infraestructura hídrica, sin ser una institución pública. El Congreso dio una ley (30157) y estableció padrones revisados por el ANA, y elecciones supervisadas por la ONPE. Las actuales directivas no aceptan estos cambios. Sus dirigentes son los líderes que no sólo se oponen a proyectos mineros como Tía María, sino que también dificultan cualquier proyecto de nuevas irrigaciones, centrales hidroeléctricas, mientras se sigue malgastando el agua.

“Necesitamos mesas de información” (H. de Soto)… Correcto!