2017-02-08
César Azabache: Incertidumbre es
la palabra.
La velocidad de la
fiscalía está tomando el ritmo correcto.
Mientras que es en la Procuraduría donde hay un retraso claro.
Uno podía entender
alrededor de las negociaciones por el rescate del Gaseoducto que el Ejecutivo
pusiera un poco el freno porque en la mesa había en juego 4000 MM USD en la
operación de cierre financiero al Gasoducto, pero eso pasó ya hace dos semanas.
Ahora, hay dos
procuradoras nuevas y creo que la primera incertidumbre que es ¿qué va hacer le
Ejecutivo con este caso? Tendría que despejarse de inmediato.
Yo creo que esa
incertidumbre, esa falta de control sobre la agenda pública para tratar estos
casos y lo que está abriendo el vacío, en declaraciones como las que acabamos
de escuchar, como las de la Sra. Verónika Mendoza, cogen cuerpo.
¿Qué ha dicho en
resumen esta declaración? “Cuesta creer que no haya sabido (refiriéndose al
Presidente) absolutamente nada.”
Qué dramático es que
empecemos a discutir como país quién tenía que saber qué hace 10, 5 ó 6 años
sobre algo que recién sabemos hoy. Eso
se llama sesgo retrospectivo.
Hoy día, después del
22/12, después del cataclismo que provocó la revelación del 22/12 entonces
resulta que todos teníamos que haber sabido siempre lo que pasaba antes y ahí
es cuando empezamos a cazar brujas.
Si el Ejecutivo no
toma, como la Fiscalía está intentando tomar, el control de la agenda entonces
lo que va a empezar a ocurrir, es que la agenda se va a poblar de discusiones
basadas en suspicacias y prejuicios.
Jaime De Althaus: ¿Qué hacer con los proyectos en
marcha para garantizar el resarcimiento del Estado y a la vez no paralizar las
obras?
CA: Esa es la
pregunta eje.
La procuraduría en
principio de siglo trabajaba con operaciones que estaban cerradas en sus
efectos, los aviones Mirage estaban comprados.
Todas las transferencias de partidas presupuestales estaban hechas.
En este caso el gran
desafío es que esta Procuraduría tiene que aprender a trabajar con negocios en
marcha y eso significa que tiene que actuar respetando el contexto económico y
las consecuencias económicas de sus decisiones.
Qué hacer hoy.
Un mes y medio
después las reacciones no pueden ser las mismas que el primer día. Ahora, tirar
las puertas y romperlas ya es una decisión desfasada.
·
Se apostó por
rescatar el Gasoducto, se perdió el gasoducto.
·
Ahora hay la
venta de Olmos parada en Lambayeque a la espera que el gobierno regional tome
una decisión.
·
Está Chavimochic
con un certificado de bancabilidad pendiente de emitirse
·
Está Chacllia,
absolutamente privado, pero que es un activo de Odebrecht.
·
Hay una
declaración de la contraloría en la que, si quitamos los proyectos más
antiguos, hay 272 MM de daños declarados pendientes de ser recuperados.
Hay tres
procedimientos judiciales en marcha:
·
Gasoducto del sur
que ya tiene juez está hace tiempo en preparatoria.
·
IIRSA´s ahora con
un juez a consecuencia de los hallazgos transferidos a Toledo.
·
Tren eléctrico
que tiene más o menos dos meses en competencia judicial
La procuraduría tendría que decirnos muy pronto que es
lo que va a hacer:
Va a pedir embargos
dentro de los procedimientos judiciales que están en marcha o va a hacer alguna
otra cosa que puedan intentar a estas alturas. Hay varias cosas que perdieron
en el camino por haber dejado pasar el tiempo.
En paralelo ¿qué va a hacer el ejecutivo?
Va a mantener la
posibilidad de un acuerdo integral de rendición de Odebrecht que le permita
disponer de los activos remanentes sin parar los proyectos para asegurar la
reparación o va a dejar que la procuraduría litigue esto judicialmente.
Estas son las dos
incógnitas que resolver.
JDA: ¿Qué impide una reparación?
CA: El Ejecutivo (la
Procuraduría).
El problema ha de
este caso consiste en tener los objetivos sobre la mesa y el objetivo es que
Odebrecht no gane beneficios por lo que obtuve en base a sobornos.
No es necesario, es
una cuestión de sentido común, el problema no son los proyectos no hay que
paralizar los, el problema no son los consorcios no todos son cómplices, el
problema es Odebrecht.
La posición de
Odebrecht se explica cómo una posición de derechos, lo que hay que intervenir
son los derechos de Odebrecht a disponer de excedentes.
Porque además de
Odebrecht y del estado mismo que tiene reclamaciones que hacer a bancos, a
trabajadores y a estados extranjeros; ahora estados unidos, suiza, y Brasil son
acreedores.
De modo que lo que
hay que tener es una linterna basada en un interventor que permita saber cómo
se mueve el dinero sobre el que Odebrecht tiene expectativas y derechos y eso
alcanza incluso a los derechos remanentes de la liquidación del gasoducto,
porque también hay expectativas pendientes de liquidarse.
Entonces, la
cuestión no estaba en patear las puertas y paralizarlo todo, la cuestión está
en saber con precisión cómo se mueven los flujos de manera que, en cuanto se le
generen excedentes que puedan ir a parar a manos de Odebrecht, esos excedentes
sean intervenidos. Y eso se puede hacer de varias maneras como siempre. Porque
el derecho no tiene catálogos definitivos, tiene recursos que administrar.
Se puede hacer con
embargos en forma de intervención, se puede hacer incluso con un acuerdo
general con Odebrecht de rendición total…
E insisto, el que
confesó no puede y no tiene capacidad de negociación de modo que debería
rendirse y se puede hacer por supuesto que sí pero utilizando un fideicomiso
que permita mantener esos flujos y rentabilizarlo hasta el momento en que
podamos tener una posición definitiva sobre el tamaño de las reparaciones que
el estado merece por esos asuntos.
JDA: Una cosa es la penalidad por las ganancias
ilícitas y otra cosa es la reparación civil. Son dos cosas distintas.
CA: Pero no siempre
son distintas. Normalmente cuando los delitos se refieren a negocios la única
diferencia es donde mide. Si mides en la víctima lo que calculas es el
perjuicio y si mides en el autor lo que obtienes es la ventaja, pero cuando el
delito o el crimen trata de un negocio normalmente la ventaja del autor está
dentro del perjuicio de la víctima porque parte del perjuicio es justamente esa
ventaja.
JDA: La comunicación de la fiscalía.
CA: La clave sigue
siendo, que la procuraduría cumpla además de su función N el litigio sobre
reparaciones el papel de bisagra entre los órganos públicos y de comunicación
con la sociedad porque también el incidente congreso y fiscalía se explica
porque nadie está articulando los esfuerzos de uno y otro.
JDA: tiene razón la fiscalía o tiene razón al congreso
CA: Tiene razón la
fiscalía pero está mal que esto ocurra y yo sigo esperando que el congreso
recapacite.
Aquí lo que debió
haber a falta de reglas claras fue una acuerdo institucional explicitada entre
el congreso y la fiscalía para respetarse mutuamente, no interferir uno con el
otro y desarrollar cada uno su propio plan de trabajo, en falta de ese acuerdo,
se ha producido un impase al que no ayuda a la ausencia de una procuraduría que
sirva como articulado de ambos.
En estos momento
dependemos entonces de que el congreso reflexione se autor límite y dejé que la
fiscalía haga su trabajo.
Si no resuelven esto,
¿qué van a hacer? ¿Van a ir al tribunal constitucional a un juicio que va a
perder el congreso en público ante la fiscalía? Es una locura.
JDA: ¿La fiscalía podría presentar una demanda ante el
tribunal constitucional para desechar esa invitación?
CA: Tenemos que
llegar al nivel en que dos poderes públicos terminen enfrentados en a un juicio
cuando lo que se trata es de saber hasta dónde se expande el caso lava jato, es
una locura.
Yo sigo apelando a
que el congreso se auto regule.
JDA: ¿Tiene sentido que el congreso investigue este
mismo tema cuando estar tan judicializado?
CA: No así.
Jaime Pinto: Las IIRSA´s tuvieron 3 comisiones
investigadoras (dos durante el gobierno de Alan García y una durante el
gobierno de Ollanta Humala) las tres fueron archivadas.
Hoy día la Biblia en todo lo que se relaciona con
Odebrecht es el informe del Sr. Pari que fue archivado por el congreso
anterior.
Lo que demuestra es que el congreso investiga y no
logra mucho.
CA: Lo que pasa es
que en las asambleas no son para investigar. Las asambleas son para deliberar
sobre hechos que están consolidados. Para investigar son las fiscalías y lo que
no estamos entendiendo que ese que aquí hay que dividir los roles.
El congreso debería
estar discutiendo responsabilidades políticas y morales. Mientras que la
fiscalía indaga hechos.
JDA: El congreso debería estar discutiendo qué tipo de
reformas habría que hacer para prevenir que estas cosas ocurran. La
consecuencia política institucional de los hechos no la investigación misma.
CA: El congreso
tiene una presidencia, tiene una comisión permanente, tiene una junta de
Portavoces hay suficientes órganos políticos como para que podamos pedirles que
en mi entren en componer este impase y en disolverlo porque estamos perdiendo
tiempo discutiendo asuntos que no tendrían que estar sobre la mesa a estas
alturas
JDA: El abogado de Toledo indica que no hay garantías.
CA: Yo tengo que
decir que creo firmemente en la transparencia de los procedimientos judiciales
y fiscales que se desarrollan ante nosotros. Estamos muy lejos de ser una
república de persecuciones arbitrarias.
Por desgracia creo
que la defensa de Toledo va a tener que asumir que el caso que se inicia en su
contra es uno apoyado en evidencias muy serias y que están cursadas.
En segundo lugar,
tiene una posición que yo no comparto sobre la prescripción, pero la regla para
decirlo, en el lenguaje más fácil posible, es ésta:
Cuando un
comportamiento viola a la vez varias reglas penales, la prescripción sigue al
delito más grave y lo que se está diciendo aquí, habrá que probarlo y habrá que
escuchar al abogado, es que el dinero que recibió Toledo era dinero que
provenía de la División de Operaciones Estructuradas, es decir, dinero de una
lavandería.
Si eso es así, y yo
no voy a adelantar lo que la fiscalía ha sostenido ni lo que los tribunales
decidirán, pero si eso es así, entonces los delitos se cometen a la vez, y si se
cometen a la vez no prescriben.
JDA: ¿Y se suman?
CA: Se suman hasta el
doble del más alto y la prescripción sigue la suerte del más alto que en este
caso es lavado de activos.
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