jueves, 18 de enero de 2018

El factor "carhuancho"

Richard Augusto Concepción Carhuancho es un abogado y magistrado peruano especializado en derecho penal y es titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

Hasta el 28 de diciembre del año pasado se iban todos. La Sala Penal Nacional será Corte Superior. Se “despediría” a los actuales jueces, que eventualmente regresarán a sus plazas de origen. CNM nombrará a los nuevos. Los casos vinculados a Odebrecht y lavado de activos pasarán al Sistema Anticorrupción.

Hay buenas intenciones que pueden ser perjudiciales. Más dependiendo del contexto o la oportunidad. Ayer el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) aprobó el Estatuto de la Sala Penal Nacional, con lo cual este subsistema fue elevado a la categoría de Corte Superior de Justicia.

Además, se definieron sus atribuciones con claridad para ver casos de terrorismo, violación de derechos humanos, asesinato y agresiones a periodistas y crimen organizado, excepto los vinculados a delitos contra la administración pública.

Igualmente, se dispuso que todas sus plazas sean ocupadas por jueces titulares que serán nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el menor plazo posible.

Todo bien. Es lo que se pedía desde que hace 20 años fue creada. La Sala Penal Nacional ya no será dirigida por un coordinador sino por un presidente elegido democráticamente por sus mismos magistrados.

Sus jueces serán titulares nombrados por el CNM, ya no seleccionados y cambiados a dedo y voluntad de los integrantes del CEPJ.

Pero, en este momento de incertidumbre política y cuando están por llegar al Perú las principales pruebas de la corrupción de Odebrecht, esto causó sorpresa y podría perjudicar las investigaciones.

Es importante indicar que un juez de investigación preparatoria se avoca a un determinado caso, ese juez RADICA COMPETENCIA.

Entonces las partes ya no pueden ir a otro juez porque se entiende que una vez que radicó competencia, el caso sigue ante él.  Y sólo puede apartarse del caso por inhibición, recusación, y por cualquier otra cosa que cuestione la competencia de ese juez.

Los mecanismos procesales para que un juez se aparte de un caso o para que un caso sea derivado de un sistema a otro ya están previstos en el propio Código Procesal Penal.

Tenemos dos sistemas: el Sistema de la Sala Penal Nacional y el Sistema de la Sala de Corrupción de Funcionarios.  Ambos ven criminalidad organizada de repercusión nacional e internacional.

LA CONTROVERSIA

El D.L. 1342, norma jurídica con rango de ley que estableció la competencia del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y estableció que el SNA sólo vería casos de delitos contra la administración pública.  

Es decir, se delimitó la competencia de la SNA a los delitos de corrupción de funcionarios (peculado, cohecho, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, etc.) y se entiende que aquellos delitos que no estén dentro de este grupo de delitos corresponderían a  la Sala Penal Nacional.

La controversia nace cuando se expide el Estatuto de la Sala Penal Nacional donde se amplía la competencia del Sistema de Corrupción de Funcionarios dándole más casos. La controversia se presentó entre el DL y la Resolución Administrativa.

LA SOLUCION

Para el caso Interoceanica, la Primera Sala Penal de Apelaciones zanjó el tema y dijo que frente a una norma con rango de ley que solamente delimitó la competencia de la Sala de Corrupción de Funcionarios a solo delitos contra la administración pública, la competencia de los jueces no puede ser ampliada mediante resolución administrativa, por lo tanto prima la Ley.

La otra posición es que debe primar el Estatuto de la Sala Penal Nacional y debería aplicarse el principio de especialidad, es decir, el delito de corrupción de funcionarios debe mandar en la competencia.

La controversia ameritó un pronunciamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema y que estableció en uno de los lineamientos de que cada juez, caso por caso, determine si lo sigue conociendo o si lo deriva a otro sistema.

Así se zanjó la incertidumbre y la controversia.que radicaba en que el Juez Concepción Carhuancho ya no vería los casos emblemáticos que tiene en su despacho.



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